Entre todos la mataron...

De ser de todos a ser de la mafia rusa

Los dos partidos que mientras gobernaron compitieron para ver cuál privatizaba más empresas públicas españolas, ahora se echan las culpas mutuamente de la posibilidad de que el 30 % de Repsol pase a manos rusas y se cree un grave problema de pérdida de soberanía energética en España.

Mariano Rajoy, desde Almería, apela a «razones de seguridad estratégica nacional». José Blanco, vicesecretario general de los socialistas dice que «lo inmoral es arrojar Repsol al mercado privatizando la empresa, como hizo el Gobierno de Aznar».

La privatización de Repsol la inició en 1989 el gobierno socialista de Felipe González y pasó en su totalidad a manos privadas en 1997 bajo el gobierno popular de Aznar. Si el actual gobierno socialista hubiera considerado inadecuada la total privatización -tal y como critican ahora- ha tenido cinco años para recomprar parte de las acciones, tal y como ha hecho el gobierno venezolano con su telefonía y sus eléctricas, granjeándose las críticas de políticos y medios españoles.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se limita a señalar que quieren que Repsol sea independiente y española, sin percibir que eso es incompatible. Si la totalidad de las acciones están en manos privadas será independiente hasta de España. Por otro lado, ¿por qué unos empresarios españoles van a estar interesados en los intereses de nuestro país? Basta ver lo poco que están dudando en vender a los rusos y lo bien que está reaccionando la Bolsa.

Paradójicamente, la situación en la que estamos es que ese 30 % casi acaba en manos en Grazprom, es decir, del estado ruso. No hubiera sido la primera vez que nuestros sectores estratégicos se liberalizaban y vendían en aras del libre mercado y acababan parcialmente en manos de otros estados, la liberalización de la telefonía permitió la entrada de la operadora wanadoo, en cuyo accionariado estaba el estado francés. Pera estemos tranquilos, para evitar que Repsol acabe controlada por el gobierno ruso están maniobrando para que sea de la mafia rusa, que es quien controla al potencial comprador, Lukoil, todos los medios han destacado el papel de los mafiosos Tariel Oniani y Zakahr Kalashov en el control de esa empresa. El último de ellos está preso en España y ha sido condenado al menos seis veces en Georgia y Rusia, la fiscalía suiza ya advirtió en marzo del pasado año que ese hombre «poseería una parte significativa» de Lukoil. Su vicepresidente, Dimitri Tarasov, también está reclamado por la justicia española.

No es el primer caso de connivencia entre PSOE y PP para dejar en manos de mafiosos empresas públicas españolas, ocurrió con Sintel, filial de Telefónica que Felipe González en sus últimos días de gobierno vendió a Mastec, propiedad de la familia del cubanoamericano Mas Canosa. José María Aznar terminó de formalizar la venta.

Por si alguien no lo había comprendido, las privatizaciones consisten en eso, en que lo que era de todos los españoles puede acabar, por ejemplo, en manos de unos mafiosos mientras los grandes partidos que lo vendieron todo ahora aparentar discutir y preocuparse. Mientras tanto, en esas «repúblicas bananeras y populistas» de América Latina, como Venezuela, Bolivia o Ecuador, sus empresas energéticas cada vez están siendo más públicas. Por eso les llaman dictaduras y lo de aquí, cuando nuestras empresas estratégicas se las puede quedar la mafia rusa, se denomina democracia.

www.pascualserrano.net

Accionistas y el tercer mundo corporation

Hoy de las 100 principales mega-economías del planeta, más de la mitad no están dirigidas ni por gobiernos democráticos ni por dictaduras tradicionales. Se trata de grandes compañías transnacionales privadas que “deslocalizan” su poder por el mundo entero, como la General Motors, cuyas ventas equivalían a la suma de los PIBs de Irlanda, Hungría y Nueva Zelanda juntas (UNCTAD, Informe sobre las inversiones mundiales 2000).

¿Y cuál es la lógica de estos mega-actores cuya importancia no para de crecer? ¿Quién los dirige y quién los controla? Las dirigen los llamados “consejos de administración”. Unos reducidos y exclusivos consejos que se deben a su prioridad conatural: saciar de crecimiento económico (eufemismo de “lucro”) a los propietarios de la empresa, los accionistas.

Pocos accionistas sin embargo conocen los detalles de la actuación de su empresa, especialmente cuanto se refiere a impactos sociales, ambientales o mismamente económicos sobre poblaciones con(tra) las que interactúan sus filiales. Esa información no fluye. El accionista desconoce su responsabilidad en muchos de los conflictos generados por la empresa, especialmente los que ocurren en el Sur político del planeta. Y aunque a los creadores de imagen corporativa no les interese, el propietario tiene derecho y obligación de conocer si su empresa viola o no los derechos básicos de cualquier humano ajeno, por muy lejos que éste se encuentre.

Una muy reciente experiencia ilustra con creces el sutil pero enorme poder que ejercen las transnacionales sobre los estados, y de cómo si no se establecen mecanismos de evaluación independiente de su impacto transnacional y de regulación activa, las violaciones a los derechos humanos están servidas.

Durante el presente mes de agosto un grupo de 17experto/as de 6 países (Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, Canadá y del Estado español) viajamos a la Amazonía ecuatoriana en una misión internacional dirigida a verificar los impactos de la actividad petrolera en el gran parque nacional Yasuní. El Yasuní (679.730 has. un tercio de las cuales pertenecen al pueblo huaorani) fue declarado reserva de la biosfera y aloja la mayor diversidad de árboles por hectárea del mundo.

La misión, que contaba con el permiso del propio gobierno ecuatoriano y de la ONAHE , fue expulsada por una empresa trasnacional española, la “gran” petrolera española, de cuyo nombre no quiero ni acordarme (REPSOL-YPF). ¿Los motivos? La compañía se remitía a nuestra seguridad ante la expansión del conflicto colombiano hacia la selva ecuatoriana.

Esta vez no se trataba de la expulsión de una misión de la ONU por un “Estado Gamberro” que quizás escondiera armas químicas, sino la de una misión que, aunque autorizada por un Estado (supuestamente soberano) y por sus ancestrales pobladores, fue rechazada por una empresa extranjera que controla políticamente un buen pedazo del territorio, incluidos a indígenas, colonos, traficantes y ejército nacional. ¿No es legítimo pensar que la empresa pretendía no mostrarnos algo?. Las instrucciones de expulsión nos llegaban el mismo día en que la misión ingresaba en el bloque 16, el pedazo de selva concesionada a la petrolera española por uno de los anteriores gobiernos ecuatorianos.

Sucedió justo cuando nos encontrábamos en la comunidad indígena huaorani de El Guyillero entre entrevistas y pernoctación. Las declaraciones del responsable máximo de seguridad de la compañía son cristalinas: “Ustedes se encuentran en casa de REPSOL y deben abandonarla”.

A lo que se le preguntó si consideraba que las comunidades indígenas que nos acogían también dependían de la empresa extranjera. El responsable, respaldado por 4 miembros del Ejército ecuatoriano, respondió que sí. La portavoz ecuatoriana de la misión contestó que no obedeceríamos ninguna orden de una compañía extranjera. La respuesta del responsable de seguridad fue que REPSOL-YPF podría entonces ordenar al ejército (ecuatoriano) que nos sacara del Parque Yasuní. Y así se hizo al día siguiente.

¿Deberían los accionistas de la compañía conocer este tipo de información?

Nota: El artículo se basa en el “Informe de la Misión de Verificación de los Impactos Petroleros en la Reserva de la Biosfera Yasuní/Territorio Huaorani”, disponible en www.debtwatch.org -

David Llistar Bosch

Coordinador del Observatorio de la Deuda en la Globalización

Orígenes Repsol: Un clásico neoliberal

1981 Se crea el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) que concentra las participaciones estatales del sector.
1986 Con el objetivo de expandir la presencia de España por el mundo se crea Repsol, el INH es el único accionista. En un mercado sin competencia, junto a dos empresas privadas (Cepsa y Petromed) se reparten las estaciones de servicio de España. Así en 1989 Repsol ya poseía el 45% de éstas.
1989 El Estado Español inicia la privatización con la venta del 26% de las acciones de Repsol, un proceso que va a terminar con la privatización total en el año 1997.

EDITORIAL del diario el Mundo junio de 2006

Privatizar no es concentrar el poder económico

Privatizar o nacionalizar. Individuo o Estado. Derecha o izquierda. Capitalismo o socialismo. Pocas cuestiones han suscitado en Europa en la última década un debate tan ideológico y pasional a la vez como el futuro del sector público.
Francia, Gran Bretaña y otros países europeos han procedido a privatizar buena parte de sus empresas públicas, que, en términos de empleo, inversión y valor añadido, figuraban, sin duda, entre las mayores de cada nación. Durante la última etapa del Gobierno de González, España no ha ido precisamente a la zaga de este proceso, con colocaciones en Bolsa de paquetes muy significativos de Repsol, Endesa y Argentaria, que tienen hoy cientos de miles de accionistas.
Visto el resultado con una cierta perspectiva, la experiencia privatizadora -tanto en Europa como en España- ha resultado un éxito si nos atenemos a la rentabilidad y la expansión de compañías que han pasado a manos privadas como British Telecom, BP, Saint-Gobain, CGE-Alcatel o Repsol.
Resulta un tanto incomprensible y contradictoria, por tanto, la dura y cerrada oposición del PSOE al programa de privatizaciones que está estudiando el Gobierno, muchos de cuyos aspectos fueron defendidos y practicados por ministros socialistas como Boyer, Solchaga y Solbes, entusiastas defensores de la liquidación de buena parte del sector público. Sí es en cambio coherente la oposición de IU y las centrales sindicales, que siempre han mostrado su rechazo a esta política, como también es coherente que el PP, que siempre la ha defendido, tenga intención de ponerla en práctica.
Tres son las cuestiones esenciales que hay que considerar en cualquier plan de privatizaciones: qué se vende, cómo y a quién. Analicemos por separado estos tres elementos.
QUE, COMO Y A QUIEN.- El Gobierno Aznar se propone privatizar la práctica totalidad de las empresas públicas, liquidando o cerrando aquellas que no sean rentables a largo plazo. También serán sacados a la venta edificios e inmuebles, de suerte que el Estado será propietario del mínimo imprescindible para cumplir sus funciones.
Estamos de acuerdo en la filosofía pero con dos importantes salvedades. Primera y muy importante, que el Estado mantenga su presencia en sectores como la sanidad o el transporte, en los cuales la libre competencia no puede o no está interesada en cubrir la demanda de los españoles.
Segunda salvedad: el Estado tiene que garantizar igualdad de servicios a todos los ciudadanos en los niveles básicos, por lo que se deben establecer cautelas a la hora de privatizar compañías como Endesa o Telefónica, cuyas actividades deben ser reguladas por el Gobierno. Dicho de la manera más llana posible, no sería tolerable que la total privatización de Telefónica implicara peor servicio en las zonas rurales del país.
¿Cómo se privatiza? Hay tres condiciones fundamentales que se deben satisfacer a lo largo del proceso: la transparencia, el control político y el gradualismo. Tres requisitos que brillaron por su ausencia en la privatización de las empresas de Rumasa, cuyo coste para el Erario fue superior al billón de pesetas, según las estimaciones más prudentes. Aznar aludió ayer al «despilfarro» y el «caos» de la anterior etapa, dejando en evidencia la falta de consistencia de las criticas socialistas.
Obviamente, el proceso de información y toma de decisiones tiene que ser de una transparencia absoluta. Cuando las empresas cotizan en Bolsa, el mercado ya se encarga de que así sea. Pero, ¿que sucede cuándo se acude a la fórmula de subasta? Las garantías de transparencia son mucho menores, por lo que se requiere la vigilancia de instancias superiores.
Creemos que es adecuado que el proceso sea supervisado por dos sociedades públicas (la Sepi y la Sepa), gestionadas por representantes de diversos ministerios. También nos parece procedente la existencia de un Consejo Asesor de Privatizaciones, compuesto por expertos independientes. Pero todo ello quedará en simple humo si el Parlamento no tiene la última palabra a la hora de decidir si se privatiza una empresa y en qué términos. El control político del proceso nos parece absolutamente fundamental y la condición sine qua non para evitar favoritismos o lucros personales.
EL MERCADO.- Las privatizaciones deben también ser graduales, de suerte que quede garantizado que el mercado pueda absorber el caudal de empresas en venta. El PP prevé unos ingresos de 600.000 millones hasta finales de 1997, un cálculo que parece prudente si se toma como precedente la respuesta de los inversores a anteriores operaciones.
La privatización de empresas y la venta de inmuebles deberían ir acompañadas del necesario esfuerzo de reducción del gasto público, ya que si estos hipotéticos 600.000 millones fueran destinados a tapar agujeros poco o nada habríamos avanzado. El Gobierno debe seguir con las reformas estructurales de la economía española, al margen de esta inyección coyuntural de recursos, que, eso sí, puede suavizar la magnitud del ajuste social.
Y la tercera gran cuestión que se plantea es a quién vender. Los émulos de Margaret Thatcher siempre hablan de «capitalismo popular» para explicar la filosofía de las privatizaciones. Pero la experiencia ha demostrado que, a pesar de los deseos de repartir el patrimonio nacional entre amplias capas de la población, existe el indudable riesgo de favorecer a unos pocos.
En Francia, las privatizaciones han generado los llamados «nucleos duros», que no son, en suma, más que una concentración del poder económico en un reducido número de bancos y conglomerados industriales. Este no es el ejemplo a seguir en nuestro país. Las privatizaciones no pueden ni deben servir para consolidar el duopolio bancario y empresarial que se perfila a pasos agigantados, ya que, al final, el sector público habría pasado de la tutela del Estado a manos de una élite de poder, no sujeta a ningún control democrático. Este es el gran riesgo que hay que evitar y lo que determinará, en buena medida, el éxito o fracaso del programa del Gobierno.

En dos Ofertas Públicas de Venta de Acciones, el Estado (gobernado entonces por el PSOE) privatizó en dos fases (1988 y 1994) esta empresa que nunca dejó de dar beneficios.
El Grupo Gas Natural se creó tras la fusión en 1992 de Catalana de Gas, Gas Madrid y los activos de gas canalizado de Repsol Butano, que también se vendió a precio de saldo por el Gobierno de Felipe Gonzalez, otra empresa que reportaba beneficios a todos los ciudadanos. Esta empresa, como su nombre indica, se dedica al suministro de gas natural.

Una de las razones que se argumentaban para convencer a la ciudadanía de la bondad de estas privatizaciones, era que de esta manera se acababa con los monopolios y se aumentaba la competitividad al haber más número de empresas. Sólo diez años después de la última de aquellas ventas, Gas Natural lanza una Opa hostil y se va a fusionar con Endesa, y ahora nos dicen todo lo contrario, que la unificación en una gran empresa nos beneficia a todos. El balance es que lo que eran varias empresas públicas -no había monopolio- se fusionan para crear, ahora sí, un monopolio privado.
Pero sí que ha habido beneficiarios de las privatizaciones, por ejemplo los dueños del Banco Bilbao Vizcaya que además de comprar a buen precio el banco público “Argentaria”, son accionistas mayoritarios de muchas de estas empresas, especialmente de “Telefónica”.

Ninguna competencia, ninguna bajada de precios, ninguna mejora de servicio, más despidos, más quejas de clientes, los ricos más ricos, los pobres más pobres, esas son las reglas del mercado.
Carlos Martínez

En 1996 el PP llega al poder y rápidamente cambia de arriba a abajo todo el panorama energético nacional Un poco por clientelismo hacia Castilla y León pero sobre todo por oscuros compromisos con empresarios del carbón, el PP pasa a privilegiar todo lo que puede esta fuente "tradicional" de energía La compañía eléctrica que más basada está en el carbón es la pública Endesa, y de ella va a hacer el PP su herramienta para controlar el mercado eléctrico español.

Aznar nombra como presidente de Endesa a su amiguete el ex-ministro Rodolfo Martín Villa. Acto seguido privatiza totalmente la empresa, guardándose el Gobierno eso sí una "acción de oro" (repetidamente criticada e incluso ilegalizada por la Comisión Europea) para tener derecho de veto en toda decisión importante de la compañía